La distribución del ingreso
La Presidenta Sra.de Kirchner ha instalado de manera pública en la agenda, el tema de la distribución del ingreso. Eso es bueno, especialmente en una Argentina castigada por la desigualdad, y donde el problema mayor es que, frente a un crecimiento sostenido de varios años y al superávit fiscal, millones de compatriotas siguen sufriendo la exclusión para poder acceder a mínimas condiciones de dignidad. Con los mejores indicadores en los resultados macroeconómicos, sin embargo, la brecha entre la porción del ingreso que retiene el 10% más rico de la población y la que corresponde al 10% más pobre, es hoy de 28,7 veces.
No hay duda, entonces, que la modificación de este estado de cosas, tiene que ver más con las políticas del Estado que con el llamado a la solidaridad cultural que hace la señora. Quienes deben entender la necesidad de distribuir de manera más justa el ingreso nacional, no son los que más tienen, sino los que gobiernan, los que fijan las condiciones, no solo del reparto, sino de la carga a partir de la cual se conforma la masa de recursos y se agrega valor a la producción.
¿Cuáles son, entonces, los instrumentos o mecanismos distributivos?
El sistema tributario es el que define dónde se ejerce la presión para exigir el mayor esfuerzo en la conformación de los ingresos. Es en esta etapa en la que el Estado utiliza su poder con un criterio distribuidor. En los últimos cinco años, nada se ha modificado a favor de una mayor justicia de reparto, sino más bien al contrario. Los impuestos al consumo que soportan por igual quienes más tienen y quienes poco o nada disfrutan, siguen siendo el sostén principal de nuestro sistema fiscal. Poco, casi nada, aportan, los impuestos al patrimonio, a la renta financiera y a los fondos especulativamente paralizados. Es el Gobierno quien tiene la llave para poner en marcha un mecanismo equitativo a través de las cargas impositivas.
El segundo aspecto y no por eso menos importante, que opera dentro del estado democrático de derecho, como el más claro camino hacia una justicia distributiva, es el sistema federal, para evitar que, las enormes distorsiones que produce nuestra amplia y dispar geografía afecten tan seriamente a quienes viven a cientos o miles de kilómetros de la ciudad Capital y que solo por este motivo se encuentran impedidos de acceder a prestaciones universales de educación y salud de calidad. El Federalismo está concebido dentro de nuestro régimen institucional, no solamente para brindar autonomía política a los ámbitos de gobierno provincial o municipal, sino, especialmente, para asegurar a todos los habitantes, condiciones de igualdad, en el reparto de los recursos federales, vigencia plena de sus derechos y oportunidades para una vida con dignidad.
Finalmente, el acceso a la Educación, como instrumento igualador y como una puerta de acceso al trabajo de calidad, es la tercera herramienta de la política distributiva que quiero citar. La inversión educativa, los buenos salarios docentes, la infraestructura edilicia, y sobre todo, la calidad de contenidos que preparen e incluyan en el proceso colectivo de la construcción ciudadana, dependen de un Estado que, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, como en muchas otras, deja alumnos fuera del sistema, y no asegura los mínimos estándares de satisfacción. Es el acceso a la información, al conocimiento, el elemento de distribución que los argentinos necesitan, para romper el esquema de dominación a que se encuentran sometidos cuando quienes ejercitan el poder lo hacen siempre desde posiciones de privilegio que ese ejercicio no modifica, sino que acrecienta.
Luchar contra la pobreza no es solo disminuir el número de pobres. Ni mucho menos alardear de ello a través de la manipulación de índices en los que ya nadie cree. La sinceridad del combate a la pobreza es la modificación de las condiciones por las que las personas no cuentan con igualdad de oportunidades para tener una atención de salud, de educación, una vivienda o un trabajo digno, y la seguridad, y éstas son competencias y deberes indelegables que el Estado les debe, sin hipocresías ni dobles discursos.
La herramienta que modifica esas situaciones es la política, es el manejo del gasto, es el poder. Y entonces no hay excusa ni posibilidad alguna de transferir responsabilidad en aquellos que acumulan atribuciones todopoderosas para que esas situaciones de injusticia en el reparto se mantengan frente a las mejores condiciones económicas que la Argentina ha tenido en muchísimos años. La supralegalidad constitucional también es central en el ejercicio democrático del poder, porque no hay justicia distributiva, sin instituciones republicanas y comportamientos éticos en quienes las conducen.
Por eso suena tan mal el reto presidencial desde quienes más han favorecido la concentración en pocas manos y más han disfrutado personalmente de esa riqueza con el patrimonio que más ha crecido en menos tiempo, como consecuencia de esta Argentina floreciente que no todos disfrutan por igual.
No hay duda, entonces, que la modificación de este estado de cosas, tiene que ver más con las políticas del Estado que con el llamado a la solidaridad cultural que hace la señora. Quienes deben entender la necesidad de distribuir de manera más justa el ingreso nacional, no son los que más tienen, sino los que gobiernan, los que fijan las condiciones, no solo del reparto, sino de la carga a partir de la cual se conforma la masa de recursos y se agrega valor a la producción.
¿Cuáles son, entonces, los instrumentos o mecanismos distributivos?
El sistema tributario es el que define dónde se ejerce la presión para exigir el mayor esfuerzo en la conformación de los ingresos. Es en esta etapa en la que el Estado utiliza su poder con un criterio distribuidor. En los últimos cinco años, nada se ha modificado a favor de una mayor justicia de reparto, sino más bien al contrario. Los impuestos al consumo que soportan por igual quienes más tienen y quienes poco o nada disfrutan, siguen siendo el sostén principal de nuestro sistema fiscal. Poco, casi nada, aportan, los impuestos al patrimonio, a la renta financiera y a los fondos especulativamente paralizados. Es el Gobierno quien tiene la llave para poner en marcha un mecanismo equitativo a través de las cargas impositivas.
El segundo aspecto y no por eso menos importante, que opera dentro del estado democrático de derecho, como el más claro camino hacia una justicia distributiva, es el sistema federal, para evitar que, las enormes distorsiones que produce nuestra amplia y dispar geografía afecten tan seriamente a quienes viven a cientos o miles de kilómetros de la ciudad Capital y que solo por este motivo se encuentran impedidos de acceder a prestaciones universales de educación y salud de calidad. El Federalismo está concebido dentro de nuestro régimen institucional, no solamente para brindar autonomía política a los ámbitos de gobierno provincial o municipal, sino, especialmente, para asegurar a todos los habitantes, condiciones de igualdad, en el reparto de los recursos federales, vigencia plena de sus derechos y oportunidades para una vida con dignidad.
Finalmente, el acceso a la Educación, como instrumento igualador y como una puerta de acceso al trabajo de calidad, es la tercera herramienta de la política distributiva que quiero citar. La inversión educativa, los buenos salarios docentes, la infraestructura edilicia, y sobre todo, la calidad de contenidos que preparen e incluyan en el proceso colectivo de la construcción ciudadana, dependen de un Estado que, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, como en muchas otras, deja alumnos fuera del sistema, y no asegura los mínimos estándares de satisfacción. Es el acceso a la información, al conocimiento, el elemento de distribución que los argentinos necesitan, para romper el esquema de dominación a que se encuentran sometidos cuando quienes ejercitan el poder lo hacen siempre desde posiciones de privilegio que ese ejercicio no modifica, sino que acrecienta.
Luchar contra la pobreza no es solo disminuir el número de pobres. Ni mucho menos alardear de ello a través de la manipulación de índices en los que ya nadie cree. La sinceridad del combate a la pobreza es la modificación de las condiciones por las que las personas no cuentan con igualdad de oportunidades para tener una atención de salud, de educación, una vivienda o un trabajo digno, y la seguridad, y éstas son competencias y deberes indelegables que el Estado les debe, sin hipocresías ni dobles discursos.
La herramienta que modifica esas situaciones es la política, es el manejo del gasto, es el poder. Y entonces no hay excusa ni posibilidad alguna de transferir responsabilidad en aquellos que acumulan atribuciones todopoderosas para que esas situaciones de injusticia en el reparto se mantengan frente a las mejores condiciones económicas que la Argentina ha tenido en muchísimos años. La supralegalidad constitucional también es central en el ejercicio democrático del poder, porque no hay justicia distributiva, sin instituciones republicanas y comportamientos éticos en quienes las conducen.
Por eso suena tan mal el reto presidencial desde quienes más han favorecido la concentración en pocas manos y más han disfrutado personalmente de esa riqueza con el patrimonio que más ha crecido en menos tiempo, como consecuencia de esta Argentina floreciente que no todos disfrutan por igual.
MARGARITA STOLBIZER
(GEN-COALICION CIVICA)
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