La globalización no deja de producir paradojas. Hace pocos días el gobierno de Bolivia anunció que pretende patentar a nivel mundial los derechos intelectuales sobre la hoja de coca. Y le reclama a la compañía internacional “The Coca Cola Company” royalties por el uso del vegetal, y su nombre, en la elaboración de la bebida gaseosa símbolo de la aldea global, junto a las hamburguesas de Mc Donals.
Esta planta andina tiene usos centenarios en las culturas originarias de esas regiones que, hasta la llegada de los españoles, constituyeron el Imperio Incaico. Pero los europeos occidentales descubrieron otros usos, no medicinales ni digestivos, precisamente.
El comercio ilegal de una pasta y un polvo que se obtiene luego del procesamiento químico de esta hoja, se transformó en la segunda centuria del siglo pasado en un gran negocio internacional. Los centros consumidores se encuentran en los países desarrollados, y los productores, en la zona de Sudamérica que va de Colombia a la frontera norte de Argentina.
Los países consumidores, particularmente Estados Unidos, no han tenido mejor idea que cargar sobre los hombros de estas castigadas repúblicas latinoamericanas el peso de combatir el cultivo y tráfico ilegal de este vegetal y sus derivados. Para ello ofrecen asistencia logística militar y policial, y muy poca asistencia para el desarrollo y la superación de la endémica pobreza de sus habitantes, en su mayoría campesinos e indígenas.
Pero justamente es la región andina la que está siendo sacudida por convulsiones revolucionarias que arrancan en Venezuela, y se prolongan, con las características particulares de cada nación, en Ecuador y Bolivia.
Este último país, el más atrasado y pobre del continente, sólo un escalón por arriba de Haití, es gobernado desde hace poco tiempo por Evo Morales, un dirigente de los campesinos cultivadores de coca, quien llegó a la primera magistratura apoyado en un aluvión de votos campesinos, indígenas y populares.
Los movimientos sociales que se gestaron en ese país durante la década del ’90 (la década de aplicación de las políticas neolibelares del Consenso de Washington) terminaron desplazando a las élites tradicionales del poder político en Bolivia. La nacionalización de los recursos gasíferos, principal fuente de ingresos del país, constituye su principal medida económica.
Pero no hace falta tener un postgrado de Semiología en la Sorbona para saber que lo simbólico no es, precisamente, una anécdota. La “resignificación” de la hoja de coca, de cultivo perseguido o gaseosa refrescante a su status de práctica cultural para los bolivianos, puede interpretarse en el sentido que la mundialización capitalista dista mucho de ser un fenómeno unilateral. Si no más bien, un proceso contradictorio y cambiante.
Dialéctico, diría un filósofo discípulo de Hegel, nacido en Alemania y fallecido en Inglaterra.
Esta planta andina tiene usos centenarios en las culturas originarias de esas regiones que, hasta la llegada de los españoles, constituyeron el Imperio Incaico. Pero los europeos occidentales descubrieron otros usos, no medicinales ni digestivos, precisamente.
El comercio ilegal de una pasta y un polvo que se obtiene luego del procesamiento químico de esta hoja, se transformó en la segunda centuria del siglo pasado en un gran negocio internacional. Los centros consumidores se encuentran en los países desarrollados, y los productores, en la zona de Sudamérica que va de Colombia a la frontera norte de Argentina.
Los países consumidores, particularmente Estados Unidos, no han tenido mejor idea que cargar sobre los hombros de estas castigadas repúblicas latinoamericanas el peso de combatir el cultivo y tráfico ilegal de este vegetal y sus derivados. Para ello ofrecen asistencia logística militar y policial, y muy poca asistencia para el desarrollo y la superación de la endémica pobreza de sus habitantes, en su mayoría campesinos e indígenas.
Pero justamente es la región andina la que está siendo sacudida por convulsiones revolucionarias que arrancan en Venezuela, y se prolongan, con las características particulares de cada nación, en Ecuador y Bolivia.
Este último país, el más atrasado y pobre del continente, sólo un escalón por arriba de Haití, es gobernado desde hace poco tiempo por Evo Morales, un dirigente de los campesinos cultivadores de coca, quien llegó a la primera magistratura apoyado en un aluvión de votos campesinos, indígenas y populares.
Los movimientos sociales que se gestaron en ese país durante la década del ’90 (la década de aplicación de las políticas neolibelares del Consenso de Washington) terminaron desplazando a las élites tradicionales del poder político en Bolivia. La nacionalización de los recursos gasíferos, principal fuente de ingresos del país, constituye su principal medida económica.
Pero no hace falta tener un postgrado de Semiología en la Sorbona para saber que lo simbólico no es, precisamente, una anécdota. La “resignificación” de la hoja de coca, de cultivo perseguido o gaseosa refrescante a su status de práctica cultural para los bolivianos, puede interpretarse en el sentido que la mundialización capitalista dista mucho de ser un fenómeno unilateral. Si no más bien, un proceso contradictorio y cambiante.
Dialéctico, diría un filósofo discípulo de Hegel, nacido en Alemania y fallecido en Inglaterra.
Adolfo Rocha
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