Anoche se llevó a cabo en la localidad de Pla, una sesión más del Honorable Concejo Deliberante.
Muy pocos puntos, una sesión rápida.
Sólo el punto 6 del orden del día llamaba la atención al rezar: “Proyecto de Resolución: Reprobar utilización de bienes y agentes Municipales por parte de Funcionarios Públicos” (Bloque UCR).
El proyecto hace alusión al desafortunado episodio que sufriera el auto oficial transportando a la esposa del Intendente a la Ciudad de Mar del Plata para concurrir a una reunión de la Dirección General de Escuelas.
Debemos agradecer a Dios que del hecho, el único que ha sufrido los daños mayores es el auto, y que sus tres ocupantes salieron ilesos.
Ahora bien.
Lo que a simple vista para cualquier ciudadano parece una violación a las normas y un irrespeto a lo ético, haciendo un análisis más profundo, sencillamente lo es. Ya que un Intendente no debería disponer del auto oficial, para que se suban a él personas, para realizar tareas que nada tienen que ver con gestiones de gobierno.
La esposa del Intendente, contaba con los viáticos pertinentes para concurrir a dicha reunión. De hecho, otras personas lo hicieron viajando en colectivo.
Es decir, estamos en presencia de un traslado a un acto no oficial, donde no viaja ningún Funcionario. Con el agravante de que nuestro distrito podría ser si se quiere, víctima de un juicio originado por una tercera persona que viajaba se supone como acompañante, pero sin ningún motivo oficial.
El viaje, como el realizado a la cancha de River, terminará siendo pagado por la administración pública. Desconozco si el Astra en cuestión tiene seguro contra todo riesgo. De no ser así, deberemos afrontar un nuevo gasto, que ante la gravedad de lo que pudo ser, será lo de menos.
Si bien la utilización de este “servicio” no es un hecho demasiado grave, el gesto si lo es.
Existe mucha gente en nuestra ciudad que carece de medios para moverse por asuntos importantes. Fundamentalmente de salud. Es una lástima que por ejemplo una madre con su bebé, los dos con una enfermedad terminal, hayan tenido que viajar a Buenos Aires en tren para hacerse un tratamiento en un Hospital capitalino, ya que Acción Social solo le pagaba este tipo de pasaje, hecho que salió a la luz por FM Sol hace apenas una semana. En un país normal, viajar en tren hubiera sido lo lógico. Aquí no. En este caso, hubiera valido la pena transgredir las reglas para un trance de esta naturaleza, ya que esta persona carece de medio económico alguno para poder costear ningún tipo de gasto ya sea de traslado o medicación.
El artículo 261 del Código Penal establece que:“Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en proyecto propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública”.
Por supuesto, nadie quiere ser tan drástico en un caso puntual como éste.
Es solo cuestión de gestos.
Javier Lizarralde
albertimultimedios@yahoo.com.ar
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